El ajuste en las universidades

Declaración de rectores

Por Gabriela Diker, Sandra Torlucci, Alejandro Villar, Andrés Sabella y Gustavo Crisafulli

Un recorte en términos reales del salario de docentes y no docentes deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, impactando sobre la calidad universitaria.

Aun cuando el año paritario de los universitarios va de marzo a marzo, los docentes recibieron un primer adelanto del 5 por ciento a cuenta de futuros aumentos recién en el mes de mayo. El segundo aumento del 5,8 por ciento fue pagado en agosto, cuando la inflación acumulada entre marzo y junio promediaba el 14,7 por ciento. Esto indica que sus salarios, a la fecha, se encuentran 3,9 por ciento debajo de la inflación. El 27 de agosto, el Gobierno hizo una nueva oferta con un anticipo del 4,8 por ciento para septiembre, la que también fue rechazada. Cabe recordar que en 2016 los salarios docentes cerraron un 7 por ciento abajo de la inflación registrada. 

En el caso de los salarios no docentes, y ante el pedido de reapertura de paritarias que habían cerrado en torno al 15 por ciento, la respuesta del gobierno fue adelantar a septiembre la última cuota de aumento salarial prevista para noviembre, para volver a reunirse en el mes de octubre. Aunque la parte sindical aceptó esta propuesta, es evidente que se está lejos todavía de resolver el problema de fondo, más aún cuando la inflación proyectada para todo el año se espera que sea superior al 32 por ciento. 

Dado que conforman entre el 85 y el 90 por ciento del presupuesto total, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes son medulares para el sistema universitario nacional. Y lo son también porque en base a dichas partidas se estiman los gastos de funcionamiento de las universidades.

Un incremento en los costos de funcionamiento de las universidades como producto de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, de los efectos de la devaluación y de la inflación, combinado con un atraso y subejecución del presupuesto aprobado. 

Es evidente que las metas de inflación (15,7 por ciento) y el valor del dólar (19,3 pesos) calculados en la ley de Presupuesto 2018 quedaron muy lejos de la realidad, arrastrando consigo la capacidad adquisitiva de los presupuestos universitarios. Desde mediados de diciembre a la actualidad la devaluación del peso supera el 50 por ciento y la inflación desde enero a julio acumula un 19,6 por ciento. Dado que estas diferencias no fueron compensadas, esto no puede sino generar serias dificultades para el funcionamiento de las universidades. 

El impacto del traslado a precio de la inflación y de la casi permanente devaluación en la que vivimos se ven agravados, además, por el retraso en el envío de distintas partidas presupuestarias. Este retraso desactualiza aún más la capacidad de adquisición de los recursos necesarios para la vida universitaria. En este punto nos estamos refiriendo no sólo a la compra de bienes requeridos para el funcionamiento cotidiano, sino al impacto derivado del aumento de las tarifas de servicios, de los alquileres, de los combustibles y de diversos insumos con componentes importados, en general equipamientos y elementos tecnológicos y de laboratorios para distintos campos de las ciencias. 

A esto debe sumarse la subejecución de fondos destinados a las obras de infraestructura universitaria. El recorte de estos fondos genera un perjuicio presente y futuro que nos obliga a funcionar en forma inadecuada, a pagar alquileres onerosos, muchas veces significa la imposibilidad del dictado de carreras o su desarrollo en condiciones de gran precariedad, el hacinamiento de estudiantes o la obsolescencia de aulas y equipamientos.

Existe así un problema real con la ejecución del presupuesto universitario vigente, agravado por las condiciones que mencionamos anteriormente. Según consta en la última actualización del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía (22/8/18), cuya página web es de acceso público (www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/), del presupuesto que se debía de haber ejecutado a esa fecha, o sea $74.976 millones, se ejecutó efectivamente sólo el 83 por ciento. Como resultado de esa ejecución parcial, hay una deuda para con las universidades de $12.667 millones. 

Esa deuda, que explica la demora en el envío de fondos comprometidos con las consecuencias a la que nos referimos antes, está compuesta por $2005 millones en programas de becas, $1796 millones en gastos de funcionamiento de universidades, $415 millones en programas de investigación científica, $2.261 millones en infraestructura universitaria, $1973 millones del programa FUNDAR. El resto de la deuda se compone de demoras en asistencia a Educación y Cultura ($2552 millones), asistencia financiera a hospitales universitarios ($288 millones), salarios docentes, no docentes y de autoridades ($1114 millones), y otros gastos ($273 millones). 

Estas condiciones, que afectan el funcionamiento normal de nuestras instituciones y ponen en riesgo su desarrollo y crecimiento, se dan acompañadas por acciones de judicialización y de desprestigio que operan sobre la imagen social de las universidades públicas con el objetivo de legitimar lo que está aconteciendo. Ello ocurre además, en un contexto en el cual los pagos por los servicios de la deuda compiten con otras inversiones estratégicas del sector público. Así es que en términos de la relación deuda-presupuesto universitario, en 2016 se pagaron en servicios de deuda, el equivalente a 4.8 presupuestos universitarios, 3,6 en 2017 y probablemente sean 4 en 2018. 

Por estos motivos, en el año del Centenario de la Reforma Universitaria, quienes estamos al frente del gobierno de las universidades nos oponemos al ajuste que se lleva adelante sobre el sector educativo y, en particular, sobre las Universidades Públicas. Sostenemos con convicción que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber indelegable del Estado.

* Rectores de UNGS, UNA, UNQ, UNER y el Comahue, respectivamente. También firman los rectores Luis Negretti (UNVM), Ana Jaramillo (UNLa), Roberto Rovere (UNRC), Fabián Calderón (UNLaR), Carlos De Marziani (UNPSJB), Aníbal Sattler (UADER), Hugo Rojas (UNPA), Juan Castelucci (UNTF) y Adrián Cannellotto (UniPe).

También firman:

Vicerrectorxs

Pablo Bonaldi, (vicerrector Universidad Nacional de General Sarmiento)

Diana Piazza (vicerrectora Universidad Nacional de las Artes)

Alfredo Alfonso (vicerrector Universidad Nacional de Quilmes)

Carlos Rodríguez (vicerrector Universidad Pedagógica Nacional)

Adriana Caballero (vicerrectora Universidad Nacional del Comahue)

Aldo Paredes (vicerrector Universidad Nacional de Villa María)

Nerio Neirotti (vicerrector Universidad Nacional de Lanús)

Jorge González (vicerrector Universidad Nacional de Río Cuarto)

José Gaspanello (vicerrector Universidad Nacional de La Rioja)

Juan Bozzolo (vicerrector Universidad Autónoma de Entre Ríos)

Adriana Urciuolo (vicerrectora Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Decanxs:

Carolina Mera (Decana Faculta de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires)

Graciela Morgade (Decana Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires)

Alejandro Ruidrejo (Decano Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta)

Juan Pablo Abratte (Decano Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba)

Mirta Iriondo (Decana Facultad de de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba)

Maria Gracia Benedetti (Decana Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Universidad Autónoma Entre Ríos)

Jorge Noriega (Decano Facultad de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma Entre Ríos)

Estela Gross (Decana Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud Universidad Autónoma Entre Ríos)

Gabriel Koremblit (Decano IDEI Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Luis De Lasa Director (Decano ICSE Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Daniel Fernández (Decano ICPA Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Daniela Staganaro (Decana IEC Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Andrea Catenazzi (Decana Instituto del Conurbano Universidad Nacional de Gral. Sarmiento)

Flavia Terigi (Decana Instituto del Desarrollo Humano Universidad Nacional de Gral. 

Resistencia de la Universidad Argentina

Declaración de Carta Abierta
Obediente a una de las tantas consecuencias lógicas del neoliberalismo, que considera innecesaria la complejidad del mundo cultural y las incesantes ramificaciones del conocimiento en todas sus disciplinas (científicas, históricas, literarias, etc.) el macrismo ya ha iniciado su proceso judicial contra la Universidad. También es necesario aclarar que la idea de proceso judicial, en el macrismo, consiste en un conjunto de acciones agresivas contra personas e instituciones, llevadas adelante por jueces que acatan más los estipulaciones de la Inquisición antes que los modernos códigos procesales. Las Facultades de Derecho de todo el país tienen una alerta que hacer al respecto. Igualmente lo tienen las Facultades de Economía respecto a la inequidad de los modelos económicos en uso, que no solo afectan a extensos sectores sociales sino a los conocimientos económicos todavía no capturados por la irracionalidad compulsiva de la financierización mundial. Asimismo, las Facultades de Medicina respecto a la mercantilización de la salud, las de Filosofía respecto a la anulación de las autonomías subjetivas, las de Ingeniería respecto al abandono de los estilos tecnológicos autónomos, las de Exactas, respecto a las ciencias físico-matemáticas resguardadas de imprudentes patentamientos, las de Arquitectura, escapando con imaginativos contrapuntos a la monumentalización del poder global, las de Ciencias Sociales respecto a la conversión de los inter-vínculos sociales en un mercado de informaciones sobre consumos personales, las de Farmacia atentas críticamente hacia los grandes monopolios de medicamentos, las de Agronomía estudiosas críticas de la concentración de la tierra y el peligro de los agroquímicos. Pero no se detiene allí la heterogeneidad del sentido de la Universidad con los intereses de macrismo, pues debido precisamente al peligro que intuye sobre la existencia de las Universidad, se lanza ahora con cruel entusiasmo a quitarles el respaldo necesario para sostenerlas. Mientras dice, alucinatoriamente, que ha aumentado el presupuesto universitario, está en marcha un plan de desmantelamiento que abarca a todas las universidades del país. La verdad puede leerse en los labios del presidente, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y en cualquier funcionario macrista. Para ellos, las universidades no dan créditos para sostener una agónica política económica, solo acarrean gastos. Y desde esta estrecha visión salida no de una tormenta ocasional, sino de una perturbación permanente que entre ellos comparten, obligan una vez más a demostrarle al gobierno que las Universidades públicas existen en la conciencia nacional, en la vida popular, en las aspiraciones democráticas de la juventud, en las tradiciones más altas del conocimiento, en el cuadro constitucional de los derechos básicos, y también, como es lógico, en la calle.

Viva la movilización resistente de los docentes y estudiantes para frenar el ajuste y la destrucción de la Universidad Públca.

Llamamos a participar de la gran movilización universitaria del jueves 30 de agosto a las 17 h.

CARTA ABIERTA

29 de agosto de 2018