Clasismo desbocado

Por Claudio Scaletta

Es necesario retroceder más de 40 años en la historia local para encontrar un gobierno tan abiertamente clasista como el de la Alianza Cambiemos. Su clasismo se manifiesta en todas y en cada una de sus decisiones cotidianas, aun en aquellas que pueden parecer contrarias a sus “principios básicos”, como por ejemplo, contrarias al fiscalismo a ultranza de su neoliberalismo de pacotilla.

¿Cómo interpretar sino que en medio de la discusión de una ley de Presupuesto con déficit primario cero, en la que parece irle la vida, el gobierno decida resarcir a las “productoras” de gas por la devaluación en alrededor de 17 mil millones de pesos (450 millones de dólares) con cargo al erario?

Más concretamente: ¿por qué un Estado que se muestra inflexible con los sectores más vulnerables, que suspende dosis de vacunación para la meningitis, que quita pensiones por discapacidad y que, en general, escamotea recursos para la salud y la educación decide, en el actual escenario de supuesta súper escasez, una transferencia multimillonaria en dólares en favor de uno de los núcleos empresarios más favorecidos por sus políticas: las firmas energéticas, a la sazón mayoritariamente vinculadas accionariamente a las primeras líneas gubernamentales?

La respuesta es sencilla: porque es un gobierno de clase. Su objetivo general tácito es la destrucción de las funciones básicas del Estado. No así del Estado como “aparato de dominación de una clase social”, como explicaba Louis Althusser, es decir, como gestor de transferencias de recursos en favor de las facciones del capital que hoy gobiernan sin intermediación a través de sus CEOs.

Las marchas y contramarchas sobre quién debía pagar el precio pleno en dólares del gas a las “productoras”, las firmas que extraen el fluido, no fue el accionar improvisado e inconsulto de un secretario que “se cortó solo”, como se intentó hacer creer a posteriori, sino la expresión de la ideología más profunda del gobierno. Si no fuese así no se hubiese acudido a la figura del mismísimo Mauricio Macri, quien salió a bancar la parada diciendo que había que pagar el gas “lo que vale”, teoría que no corre, por ejemplo, para los salarios de docentes, médicos y científicos. El primer intento de “pagar lo que vale” fue, además, cargar la diferencia de costos en pesos que supuso la devaluación para un precio dolarizado, directamente sobre los consumidores y en 24 cuotas. Luego, cuando se advirtió el daño y el sostenimiento en el tiempo del mal humor social que la mega transferencia provocaría, además del revuelo en la tropa propia, terminó dándose marcha atrás. Un nuevo capítulo del “si pasa, pasa”, o quizá un paso fallido de la doctrina (Esteban) Bullrich, aquella que recomendaba abrir muchos frentes e intentar que el adversario se concentre sólo en uno.  

Sin embargo, se supone que ningún gobierno pone en juego la investidura presidencial si no es para defender sus políticas núcleo. La dolarización de las tarifas de los servicios públicos, incluidos los combustibles, fue una de ellas. En rigor, una de las cuatro políticas núcleo del shock económico de Cambiemos junto con la eliminación de retenciones, la baja de salarios en dólares y el acelerado reendeudamiento externo.

Si se lo reduce a su mínima expresión, el plan económico de la segunda Alianza fue un shock de precios relativos –tarifas, tipo de cambio (lo que incluye la eliminación de retenciones) y salarios– y la reconstrucción de la dependencia vía la explosión de la deuda en divisas. Sus beneficiarios fueron, como se decía en otros tiempos, la oligarquía (diversificada) y el imperialismo (de las finanzas). Su reaseguro, el regreso al FMI y la renuncia a la política económica autónoma.

Aunque estas medidas comenzaron a provocar una fuerte recesión con efectos sociales impredecibles constituyen un verdadero éxito en sus propios términos. Éxito si se mide por la magnitud de las transferencias ya realizadas desde los consumidores a las empresas, o desde el trabajo al capital, y a su sostenimiento en el tiempo, ya que al menos en parte, estas transferencias podrían mantenerse parcialmente incluso bajo la hipótesis del regreso de un gobierno popular. No son procesos que se revierten instantáneamente. Será necesario remontar los bajos salarios y renegociar y desarmar las tarifas dolarizadas. La deuda externa, en tanto, seguirá allí cómo mínimo por más de una generación.

Entre los ganadores del último capítulo tarifario decidido por el Secretario de Energía, Javier Iguacel, quien proviene del sector petrolero y trabajó prácticamente una década en la firma Pluspetrol, de la que era vicepresidente antes de pasar a la función pública, se cuentan, según la recopilación realizada por el OETEC, Gas Ban, cuyas ganancias crecieron el 606 por ciento desde 2015 a la fecha y 280 por ciento en el último año y Central Puerto y Pampa Energía (“Nicky” Caputo y Mindlin), cuyas ganancias conjuntas crecieron el 787 por ciento contra 2015 y el 303 por ciento en el último año. Pampa Energía también es dueña de TGS.

Las magnitudes de las variaciones de las ganancias de los ejemplos se señalan para advertir la desmesura del Plan de Negocios Cambiemos. Estas firmas son las que se negaron a pagar la diferencia cambiaria a las productoras, las que habían sido beneficiadas a comienzos de 2016 por la dolarización de los precios del gas en boca de pozo. Finalmente, la reacción política desatada por los aumentos ex post provocó que el intento de cargar la diferencia cambiaria a los consumidores se traslade al conjunto de los contribuyentes, pero sin resolver el problema de fondo: los precios dolarizados. El efecto macroeconómico, además del componente inflacionario, es que ahora en vez de que los subsidios se destinen a beneficiar el precio pagado por los usuarios, y a mejoran los costos de producción de todas las actividades económicas, se destinan directamente a las ganancias de las empresas. Luego, los esfuerzos por el déficit cero no recaerán en las petroleras.