Wallerstein sin anestesia

Por Atilio A. Boron
Fuente: Página 12

 La muerte de Immanuel Wallerstein nos priva de una mente excepcional y de un refinado crítico de la sociedad capitalista. Una pérdida doblemente lamentable en un momento tan crítico como el actual, cuando el sistema internacional cruje ante las presiones combinadas de las tensiones provocadas por la declinación del imperialismo norteamericano y la crisis sistémica del capitalismo. 

Wallerstein no sólo cumplió a cabalidad con el principio ético que exige que un académico se convierta en un intelectual público para que sus ideas nutran el debate que toda sociedad debe darse sobre sí misma y su futuro sino que, además, siguió una trayectoria poco común en el medio universitario. Partió desde una postura teórica inscripta en el paradigma dominante de las ciencias sociales de su país y con el paso del tiempo se fue acercando al marxismo hasta terminar, en sus últimos años, con una coincidencia fundamental con teóricos como Samir Amin, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank, Beverly Silver y Elmar Altvater entre tantos otros, acerca de la naturaleza del sistema capitalista y sus irresolubles contradicciones. Wallerstein fue un académico de dilatada trayectoria que se extendió a lo largo de poco más de medio siglo. Comenzó con sus investigaciones sobre los países del África poscolonial para luego dar inicio a la construcción de una gran síntesis teórica acerca del capitalismo como sistema histórico, tarea a la que se abocó desde finales de la década de los ochentas y que culminó con la producción de una gran cantidad de libros, artículos para revistas especializadas y notas dirigidas a la opinión pública internacional. 

Su trayectoria es inversa a la de tantos colegas que, críticos del capitalismo en su juventud o en las etapas iniciales de su vida universitaria acabaron como publicistas de la derecha: Daniel Bell y Seymour Lipset, profetas de la reacción neoconservadora de Ronald Reagan en los años ochentas; o Max Horkheimer y Theodor Adorno que culminaron su descenso intelectual y político iniciado en la Escuela de Frankfurt absteniéndose de condenar la guerra de Vietnam. O a la de escritores o pensadores que surgidos en el campo de la izquierda -como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Regis Debray- convertidos en portavoces del imperio y la reacción.

Wallerstein fue distinto a todos ellos no sólo en el plano sustantivo de la teoría social y política sino también en el de la discusión epistemológica como lo revela su magnífica obra de 1998: Impensar las ciencias sociales. En este texto convoca a realizar una crítica radical al paradigma metodológico dominante en las ciencias sociales, cuyo núcleo duro positivista condena a éstas a una incurable incapacidad para comprender la enmarañada dialéctica y la historicidad de la vida social. En línea con esta perspectiva de análisis sus previsiones sobre el curso de la dominación imperialista no podrían haber sido más acertadas. En uno de sus artículos del año 2011 advertía que “la visión de que Estados Unidos está en decadencia, en seria decadencia, es una banalidad. Todo el mundo lo dice, excepto algunos políticos estadunidenses que temen ser culpados por las malas noticias de la decadencia si la discuten.” Y agregaba que si bien “hay muchos, muchos aspectos positivos para muchos países a causa de la decadencia estadounidense, no hay certeza de que en el loco bamboleo del barco mundial, otros países puedan de hecho beneficiarse como esperan de esta nueva situación.” El curso seguido por la Administración Trump y el derrumbe irreversible del orden mundial de posguerra que tenía su eje en EEUU confirma cada una de estas palabras.

Para concluir, ¿dónde nutrirnos teóricamente para comprender y transformar al mundo actual, superando definitivamente al capitalismo y dejando atrás esa dolorosa y bárbara prehistoria de la humanidad? El mensaje que dirige a las jóvenes generaciones es cristalino: lean a Marx y no tanto a quienes escriben sobre Marx. “Uno debe leer a personas interesantes” –dice Wallerstein- “y Marx es el erudito más interesante de los siglos XIX y XX. No hay dudas al respecto. Nadie es comparable en términos de la cantidad de cosas que escribió, ni por la calidad de sus análisis. Por lo tanto, mi mensaje a la nueva generación es que vale mucho la pena descubrir a Marx, pero hay que leerle, leerle y leerle. ¡Leer a Karl Marx!” Ese fue uno de sus últimos consejos para entender la naturaleza y dinámica de un sistema, el capitalismo, al que ya en el 2009 le asignaba como máximo dos o tres décadas de sobrevida. ¡Gracias Immanuel por las luces que has aportado a lo largo de tantos años!

 

Voces en el Fénix nº 75. Formación docente

Escandalizados

Las imágenes de un alumno francés amenazando con una pistola falsa a la maestra para que lo inscriba en una clase a la que no había asistido, difundidas a través de las redes sociales, escandalizaron al país. En el video, grabado con un teléfono celular por otros estudiantes, se ve como el alumno, de 16 años, apunta con un arma a la profesora mientras le exige que le borre de la lista de ausentes de clase pese a que había llegado tarde. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves en un instituto de Créteil, a las afueras de París, que presentó una denuncia al día siguiente, alegando que la maestra desconocía que se trataba de un arma falsa. Pese a ello, la docente no accede a la voluntad del alumno, aunque algunos de sus colegas dijeron medios locales que se vio afectada por el hecho. La policía abrió una investigación y tanto el joven como otro alumno, también de 16 años, que le proporcionó el arma y que aparece brevemente en la grabación con la cara oculta haciendo gestos ofensivos, fueron inmediatamente detenidos. El segundo fue interrogado y dejado en libertad mientras que el otro será presentado a un juez de menores. Las imágenes crearon un gran escándalo en Francia, hasta el punto de que anoche el presidente del país, Emmanuel Macron, condenó los hechos a través de la red social Twitter. “Amenazar a un profesor es inaceptable. Pedí a los ministros de Educación y del Interior que tomen todas las medidas necesarias para que estos hechos sean castigados y definitivamente proscritos de nuestras escuelas”, indicó Macron.

Reforma Universitaria de 1918

Clasismo desbocado

Por Claudio Scaletta

Es necesario retroceder más de 40 años en la historia local para encontrar un gobierno tan abiertamente clasista como el de la Alianza Cambiemos. Su clasismo se manifiesta en todas y en cada una de sus decisiones cotidianas, aun en aquellas que pueden parecer contrarias a sus “principios básicos”, como por ejemplo, contrarias al fiscalismo a ultranza de su neoliberalismo de pacotilla.

¿Cómo interpretar sino que en medio de la discusión de una ley de Presupuesto con déficit primario cero, en la que parece irle la vida, el gobierno decida resarcir a las “productoras” de gas por la devaluación en alrededor de 17 mil millones de pesos (450 millones de dólares) con cargo al erario?

Más concretamente: ¿por qué un Estado que se muestra inflexible con los sectores más vulnerables, que suspende dosis de vacunación para la meningitis, que quita pensiones por discapacidad y que, en general, escamotea recursos para la salud y la educación decide, en el actual escenario de supuesta súper escasez, una transferencia multimillonaria en dólares en favor de uno de los núcleos empresarios más favorecidos por sus políticas: las firmas energéticas, a la sazón mayoritariamente vinculadas accionariamente a las primeras líneas gubernamentales?

La respuesta es sencilla: porque es un gobierno de clase. Su objetivo general tácito es la destrucción de las funciones básicas del Estado. No así del Estado como “aparato de dominación de una clase social”, como explicaba Louis Althusser, es decir, como gestor de transferencias de recursos en favor de las facciones del capital que hoy gobiernan sin intermediación a través de sus CEOs.

Las marchas y contramarchas sobre quién debía pagar el precio pleno en dólares del gas a las “productoras”, las firmas que extraen el fluido, no fue el accionar improvisado e inconsulto de un secretario que “se cortó solo”, como se intentó hacer creer a posteriori, sino la expresión de la ideología más profunda del gobierno. Si no fuese así no se hubiese acudido a la figura del mismísimo Mauricio Macri, quien salió a bancar la parada diciendo que había que pagar el gas “lo que vale”, teoría que no corre, por ejemplo, para los salarios de docentes, médicos y científicos. El primer intento de “pagar lo que vale” fue, además, cargar la diferencia de costos en pesos que supuso la devaluación para un precio dolarizado, directamente sobre los consumidores y en 24 cuotas. Luego, cuando se advirtió el daño y el sostenimiento en el tiempo del mal humor social que la mega transferencia provocaría, además del revuelo en la tropa propia, terminó dándose marcha atrás. Un nuevo capítulo del “si pasa, pasa”, o quizá un paso fallido de la doctrina (Esteban) Bullrich, aquella que recomendaba abrir muchos frentes e intentar que el adversario se concentre sólo en uno.  

Sin embargo, se supone que ningún gobierno pone en juego la investidura presidencial si no es para defender sus políticas núcleo. La dolarización de las tarifas de los servicios públicos, incluidos los combustibles, fue una de ellas. En rigor, una de las cuatro políticas núcleo del shock económico de Cambiemos junto con la eliminación de retenciones, la baja de salarios en dólares y el acelerado reendeudamiento externo.

Si se lo reduce a su mínima expresión, el plan económico de la segunda Alianza fue un shock de precios relativos –tarifas, tipo de cambio (lo que incluye la eliminación de retenciones) y salarios– y la reconstrucción de la dependencia vía la explosión de la deuda en divisas. Sus beneficiarios fueron, como se decía en otros tiempos, la oligarquía (diversificada) y el imperialismo (de las finanzas). Su reaseguro, el regreso al FMI y la renuncia a la política económica autónoma.

Aunque estas medidas comenzaron a provocar una fuerte recesión con efectos sociales impredecibles constituyen un verdadero éxito en sus propios términos. Éxito si se mide por la magnitud de las transferencias ya realizadas desde los consumidores a las empresas, o desde el trabajo al capital, y a su sostenimiento en el tiempo, ya que al menos en parte, estas transferencias podrían mantenerse parcialmente incluso bajo la hipótesis del regreso de un gobierno popular. No son procesos que se revierten instantáneamente. Será necesario remontar los bajos salarios y renegociar y desarmar las tarifas dolarizadas. La deuda externa, en tanto, seguirá allí cómo mínimo por más de una generación.

Entre los ganadores del último capítulo tarifario decidido por el Secretario de Energía, Javier Iguacel, quien proviene del sector petrolero y trabajó prácticamente una década en la firma Pluspetrol, de la que era vicepresidente antes de pasar a la función pública, se cuentan, según la recopilación realizada por el OETEC, Gas Ban, cuyas ganancias crecieron el 606 por ciento desde 2015 a la fecha y 280 por ciento en el último año y Central Puerto y Pampa Energía (“Nicky” Caputo y Mindlin), cuyas ganancias conjuntas crecieron el 787 por ciento contra 2015 y el 303 por ciento en el último año. Pampa Energía también es dueña de TGS.

Las magnitudes de las variaciones de las ganancias de los ejemplos se señalan para advertir la desmesura del Plan de Negocios Cambiemos. Estas firmas son las que se negaron a pagar la diferencia cambiaria a las productoras, las que habían sido beneficiadas a comienzos de 2016 por la dolarización de los precios del gas en boca de pozo. Finalmente, la reacción política desatada por los aumentos ex post provocó que el intento de cargar la diferencia cambiaria a los consumidores se traslade al conjunto de los contribuyentes, pero sin resolver el problema de fondo: los precios dolarizados. El efecto macroeconómico, además del componente inflacionario, es que ahora en vez de que los subsidios se destinen a beneficiar el precio pagado por los usuarios, y a mejoran los costos de producción de todas las actividades económicas, se destinan directamente a las ganancias de las empresas. Luego, los esfuerzos por el déficit cero no recaerán en las petroleras.

El ajuste en las universidades

Declaración de rectores

Por Gabriela Diker, Sandra Torlucci, Alejandro Villar, Andrés Sabella y Gustavo Crisafulli

Un recorte en términos reales del salario de docentes y no docentes deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, impactando sobre la calidad universitaria.

Aun cuando el año paritario de los universitarios va de marzo a marzo, los docentes recibieron un primer adelanto del 5 por ciento a cuenta de futuros aumentos recién en el mes de mayo. El segundo aumento del 5,8 por ciento fue pagado en agosto, cuando la inflación acumulada entre marzo y junio promediaba el 14,7 por ciento. Esto indica que sus salarios, a la fecha, se encuentran 3,9 por ciento debajo de la inflación. El 27 de agosto, el Gobierno hizo una nueva oferta con un anticipo del 4,8 por ciento para septiembre, la que también fue rechazada. Cabe recordar que en 2016 los salarios docentes cerraron un 7 por ciento abajo de la inflación registrada. 

En el caso de los salarios no docentes, y ante el pedido de reapertura de paritarias que habían cerrado en torno al 15 por ciento, la respuesta del gobierno fue adelantar a septiembre la última cuota de aumento salarial prevista para noviembre, para volver a reunirse en el mes de octubre. Aunque la parte sindical aceptó esta propuesta, es evidente que se está lejos todavía de resolver el problema de fondo, más aún cuando la inflación proyectada para todo el año se espera que sea superior al 32 por ciento. 

Dado que conforman entre el 85 y el 90 por ciento del presupuesto total, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes son medulares para el sistema universitario nacional. Y lo son también porque en base a dichas partidas se estiman los gastos de funcionamiento de las universidades.

Un incremento en los costos de funcionamiento de las universidades como producto de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, de los efectos de la devaluación y de la inflación, combinado con un atraso y subejecución del presupuesto aprobado. 

Es evidente que las metas de inflación (15,7 por ciento) y el valor del dólar (19,3 pesos) calculados en la ley de Presupuesto 2018 quedaron muy lejos de la realidad, arrastrando consigo la capacidad adquisitiva de los presupuestos universitarios. Desde mediados de diciembre a la actualidad la devaluación del peso supera el 50 por ciento y la inflación desde enero a julio acumula un 19,6 por ciento. Dado que estas diferencias no fueron compensadas, esto no puede sino generar serias dificultades para el funcionamiento de las universidades. 

El impacto del traslado a precio de la inflación y de la casi permanente devaluación en la que vivimos se ven agravados, además, por el retraso en el envío de distintas partidas presupuestarias. Este retraso desactualiza aún más la capacidad de adquisición de los recursos necesarios para la vida universitaria. En este punto nos estamos refiriendo no sólo a la compra de bienes requeridos para el funcionamiento cotidiano, sino al impacto derivado del aumento de las tarifas de servicios, de los alquileres, de los combustibles y de diversos insumos con componentes importados, en general equipamientos y elementos tecnológicos y de laboratorios para distintos campos de las ciencias. 

A esto debe sumarse la subejecución de fondos destinados a las obras de infraestructura universitaria. El recorte de estos fondos genera un perjuicio presente y futuro que nos obliga a funcionar en forma inadecuada, a pagar alquileres onerosos, muchas veces significa la imposibilidad del dictado de carreras o su desarrollo en condiciones de gran precariedad, el hacinamiento de estudiantes o la obsolescencia de aulas y equipamientos.

Existe así un problema real con la ejecución del presupuesto universitario vigente, agravado por las condiciones que mencionamos anteriormente. Según consta en la última actualización del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía (22/8/18), cuya página web es de acceso público (www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/), del presupuesto que se debía de haber ejecutado a esa fecha, o sea $74.976 millones, se ejecutó efectivamente sólo el 83 por ciento. Como resultado de esa ejecución parcial, hay una deuda para con las universidades de $12.667 millones. 

Esa deuda, que explica la demora en el envío de fondos comprometidos con las consecuencias a la que nos referimos antes, está compuesta por $2005 millones en programas de becas, $1796 millones en gastos de funcionamiento de universidades, $415 millones en programas de investigación científica, $2.261 millones en infraestructura universitaria, $1973 millones del programa FUNDAR. El resto de la deuda se compone de demoras en asistencia a Educación y Cultura ($2552 millones), asistencia financiera a hospitales universitarios ($288 millones), salarios docentes, no docentes y de autoridades ($1114 millones), y otros gastos ($273 millones). 

Estas condiciones, que afectan el funcionamiento normal de nuestras instituciones y ponen en riesgo su desarrollo y crecimiento, se dan acompañadas por acciones de judicialización y de desprestigio que operan sobre la imagen social de las universidades públicas con el objetivo de legitimar lo que está aconteciendo. Ello ocurre además, en un contexto en el cual los pagos por los servicios de la deuda compiten con otras inversiones estratégicas del sector público. Así es que en términos de la relación deuda-presupuesto universitario, en 2016 se pagaron en servicios de deuda, el equivalente a 4.8 presupuestos universitarios, 3,6 en 2017 y probablemente sean 4 en 2018. 

Por estos motivos, en el año del Centenario de la Reforma Universitaria, quienes estamos al frente del gobierno de las universidades nos oponemos al ajuste que se lleva adelante sobre el sector educativo y, en particular, sobre las Universidades Públicas. Sostenemos con convicción que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber indelegable del Estado.

* Rectores de UNGS, UNA, UNQ, UNER y el Comahue, respectivamente. También firman los rectores Luis Negretti (UNVM), Ana Jaramillo (UNLa), Roberto Rovere (UNRC), Fabián Calderón (UNLaR), Carlos De Marziani (UNPSJB), Aníbal Sattler (UADER), Hugo Rojas (UNPA), Juan Castelucci (UNTF) y Adrián Cannellotto (UniPe).

También firman:

Vicerrectorxs

Pablo Bonaldi, (vicerrector Universidad Nacional de General Sarmiento)

Diana Piazza (vicerrectora Universidad Nacional de las Artes)

Alfredo Alfonso (vicerrector Universidad Nacional de Quilmes)

Carlos Rodríguez (vicerrector Universidad Pedagógica Nacional)

Adriana Caballero (vicerrectora Universidad Nacional del Comahue)

Aldo Paredes (vicerrector Universidad Nacional de Villa María)

Nerio Neirotti (vicerrector Universidad Nacional de Lanús)

Jorge González (vicerrector Universidad Nacional de Río Cuarto)

José Gaspanello (vicerrector Universidad Nacional de La Rioja)

Juan Bozzolo (vicerrector Universidad Autónoma de Entre Ríos)

Adriana Urciuolo (vicerrectora Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Decanxs:

Carolina Mera (Decana Faculta de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires)

Graciela Morgade (Decana Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires)

Alejandro Ruidrejo (Decano Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta)

Juan Pablo Abratte (Decano Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba)

Mirta Iriondo (Decana Facultad de de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba)

Maria Gracia Benedetti (Decana Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Universidad Autónoma Entre Ríos)

Jorge Noriega (Decano Facultad de Ciencia y Tecnología Universidad Autónoma Entre Ríos)

Estela Gross (Decana Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud Universidad Autónoma Entre Ríos)

Gabriel Koremblit (Decano IDEI Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Luis De Lasa Director (Decano ICSE Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Daniel Fernández (Decano ICPA Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Daniela Staganaro (Decana IEC Universidad Nacional de Tierra del Fuego)

Andrea Catenazzi (Decana Instituto del Conurbano Universidad Nacional de Gral. Sarmiento)

Flavia Terigi (Decana Instituto del Desarrollo Humano Universidad Nacional de Gral. 

Resistencia de la Universidad Argentina

Declaración de Carta Abierta
Obediente a una de las tantas consecuencias lógicas del neoliberalismo, que considera innecesaria la complejidad del mundo cultural y las incesantes ramificaciones del conocimiento en todas sus disciplinas (científicas, históricas, literarias, etc.) el macrismo ya ha iniciado su proceso judicial contra la Universidad. También es necesario aclarar que la idea de proceso judicial, en el macrismo, consiste en un conjunto de acciones agresivas contra personas e instituciones, llevadas adelante por jueces que acatan más los estipulaciones de la Inquisición antes que los modernos códigos procesales. Las Facultades de Derecho de todo el país tienen una alerta que hacer al respecto. Igualmente lo tienen las Facultades de Economía respecto a la inequidad de los modelos económicos en uso, que no solo afectan a extensos sectores sociales sino a los conocimientos económicos todavía no capturados por la irracionalidad compulsiva de la financierización mundial. Asimismo, las Facultades de Medicina respecto a la mercantilización de la salud, las de Filosofía respecto a la anulación de las autonomías subjetivas, las de Ingeniería respecto al abandono de los estilos tecnológicos autónomos, las de Exactas, respecto a las ciencias físico-matemáticas resguardadas de imprudentes patentamientos, las de Arquitectura, escapando con imaginativos contrapuntos a la monumentalización del poder global, las de Ciencias Sociales respecto a la conversión de los inter-vínculos sociales en un mercado de informaciones sobre consumos personales, las de Farmacia atentas críticamente hacia los grandes monopolios de medicamentos, las de Agronomía estudiosas críticas de la concentración de la tierra y el peligro de los agroquímicos. Pero no se detiene allí la heterogeneidad del sentido de la Universidad con los intereses de macrismo, pues debido precisamente al peligro que intuye sobre la existencia de las Universidad, se lanza ahora con cruel entusiasmo a quitarles el respaldo necesario para sostenerlas. Mientras dice, alucinatoriamente, que ha aumentado el presupuesto universitario, está en marcha un plan de desmantelamiento que abarca a todas las universidades del país. La verdad puede leerse en los labios del presidente, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y en cualquier funcionario macrista. Para ellos, las universidades no dan créditos para sostener una agónica política económica, solo acarrean gastos. Y desde esta estrecha visión salida no de una tormenta ocasional, sino de una perturbación permanente que entre ellos comparten, obligan una vez más a demostrarle al gobierno que las Universidades públicas existen en la conciencia nacional, en la vida popular, en las aspiraciones democráticas de la juventud, en las tradiciones más altas del conocimiento, en el cuadro constitucional de los derechos básicos, y también, como es lógico, en la calle.

Viva la movilización resistente de los docentes y estudiantes para frenar el ajuste y la destrucción de la Universidad Públca.

Llamamos a participar de la gran movilización universitaria del jueves 30 de agosto a las 17 h.

CARTA ABIERTA

29 de agosto de 2018