Contexto Nodal
En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían en autobuses a la capital mexicana a conmemorar la masacre de Tlatelolco en 1968. El saldo de la represión fue de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. Sin avances en la investigación, sus familiares siguen reclamando justicia y denunciando la responsabilidad del Estado.
Mexicanos no olvidan: marchan para exigir justicia por los 43 de Ayotzinapa
Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, junto a organizaciones sociales, marcharán este martes en la capital de México para insistir en su exigencia: la aparición con vida de los normalistas, a tres años del hecho.
A las 16H00 (hora local) está pautado que se movilicen desde el Ángel de la Independencia hasta al Antimonumento de los 43, en el centro de la Ciudad de México.
Además se espera, como es costumbre al cumplirse un año del suceso, que haya movilizaciones en varios países del mundo, especialmente en el continente americano.
En esta oportunidad, los padres de los 43 también llaman a asistir con un moño negro en honor a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el país el pasado 19 de septiembre.
De acuerdo con la versión oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos que los mataron e incineraron en el basurero de Cocula.
Esta versión ha sido cuestionada por los padres de las víctimas y por organismos internacionales, que han denunciado irregularidades y debilidades en la investigación oficial, han pedido que se investigue al Ejército y la Policía Federal y consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.
A tres años de la desaparición de los 43 estudiantes, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó en su portal web un comunicado para detalles los “avances y resultados” de la investigación.
La #PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias en este caso ow.ly/Zfkx30fqkNw
“El Gobierno de la República reafirma su compromiso con las víctimas y reitera que continuará agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares”, aseveró la PGR.
Comunicado de la Procuraduría General de la República a tres años de Ayotzinapa
Gobierno Federal reafirma su compromiso con la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
A tres años de distancia de los hechos de Iguala, que resultaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el Gobierno de la República reafirma su compromiso con las víctimas y reitera que continuará agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares.
De los avances y resultados se ha informado tanto a los familiares como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en seguimiento a sus medidas cautelares.
Al respecto, se destaca que la Procuraduría General de la República ha continuado avanzando en las investigaciones y la búsqueda de los de 43 estudiantes, y ha procurado mantener la más amplia comunicación con sus familiares y representantes, además de la atención a los requerimientos del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A tres años de los trágicos y condenables hechos, se informa lo siguiente:
- La PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que en encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
- De las recomendaciones y peticiones (973) que hiciera en su momento el GIEI, puede afirmarse que se han atendido casi en su totalidad.
- En todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la Procuraduría General de la República. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman.
- Hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes. Si bien no se cuenta aún con sentencias, ello se debe principalmente a dos razones sustantivas: 1) los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo; y, 2) no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas. La PGR, no obstante, continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible.
- En atención a las líneas de investigación planteadas por los familiares de las víctimas directas y sus representantes, se han venido dilucidando aspectos centrales de los hechos, siguiendo un cronograma de once puntos entregado en su momento a la CIDH y notificado a la representación de las víctimas.
De los once puntos o temas de referencia, a la fecha se ha dado cumplimiento a los siguientes:
1. La situación específica de elementos policiacos municipales que han pedido se proceda contra ellos.
2. Lo relativo al denominado quinto autobús.
3. Lo concerniente a la telefonía de los estudiantes desaparecidos.
4. Los detalles sobre la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala.
5. El esclarecimiento sobre la identidad de personajes que era imperativo aclarar (El Caminante y El Patrón),
6. La definición sobre la existencia o no de responsabilidades de elementos policiacos estatales y federales.
7. La obtención de información mediante una solicitud de asistencia jurídica internacional al Gobierno de los Estados Unidos, sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.
En este proceso de atención al caso, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, que es parte fundamental de las acciones en marcha, como lo contemplan las medidas cautelares de la CIDH, se emprendió con múltiples acciones, en terreno, en instituciones y con uso de tecnología avanzada (Lidar). Actualmente se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas. Este es el ejercicio con empleo de esa tecnología.
Toda la información sobre avances y resultados se han hecho del conocimiento de los familiares en las reuniones que periódicamente se sostienen con ellos y sus representantes.
Por último, a la CIDH se le mantiene informada mediante la atención a solicitudes de información, así como en las audiencias públicas y privadas que periódicamente son celebradas con ese propósito. Además, se comparte esa y cualquier tipo de información sobre el caso a través de los encuentros con la Comisionada para México y personal técnico de la CIDH en las visitas oficiales y técnicas que se realizan en el marco del Mecanismo de Seguimiento sobre el caso.
A tres años de la desaparición de los 43, no hay ningún responsable sentenciado
A tres años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los presuntos responsables ha sido sentenciado y sus procesos podrían tardar más de una década. El Ministerio Público Federal no ha concluido todas las líneas de investigación, y en el quinto informe de labores de la Procuraduría General de la República (PGR) no hay ni una mención del caso de manera directa.
Desde mayo de 2016, la institución encabezada por Raúl Cervantes Andrade (designado en octubre de ese año) no ha incrementado la información pública de las investigaciones que se han realizado del caso, en el que integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco atacaron, privaron de la libertad y presuntamente asesinaron a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
En el informe de labores que difundió, la PGR señala que
una vez que cumplió en tiempo y forma con el mandato constitucional relativo a concluir el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en junio de 2016 se enfrenta al desafío de consolidarlo para que dé acceso a la justicia a toda aquella persona que así lo requiera y, consecuentemente, prevalezca la seguridad jurídica constitucional, pero no hay registro del llamado caso Iguala.
La Jornada buscó, sin respuesta, una entrevista con la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y con Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, para conocer los avances que registra esta indagatoria,
Tampoco existen reportes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada sobre las investigaciones que realiza en contra del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en torno a sus vínculos con integrantes del cártel Guerreros Unidos, y por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de presunto tráfico de drogas.
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